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💞 Qué es la okupación

Un riesgo cada vez mayor para los propietarios es la okupación, es decir, vivir en la propiedad vacía de alguien sin permiso. El Ministerio de Justicia informa de que unas 20.000 personas, frente a las 15.000 de hace una década, ocupan inmuebles desocupados. Y hay casi un millón de viviendas vacías en todo el Reino Unido, más de un tercio de las cuales, según la organización benéfica Empty Homes, llevan vacías más de seis meses. Varios okupas causan daños a las viviendas y a las empresas en las que deciden trabajar. ¿Qué puede hacer para proteger su casa?
La okupación en Irlanda del Norte no es un delito, pero según las normas penales, los daños y el robo siguen siendo punibles. En Escocia, sin embargo, en virtud de la Ley de Invasión (Escocia) de 1865, la okupación de una propiedad privada está penalizada. En Escocia, los propietarios tienen derecho a desalojar a los ocupantes ilegales sin necesidad de avisarles ni solicitar una orden judicial de desalojo.
Entrega de una notificación de desalojo: si la policía decide que son ocupantes ilegales los que están en su casa, tendrá que entregarles una notificación de desalojo que la autoridad local deberá hacer cumplir.

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Si un okupa irrumpe en su propiedad y usted no tiene alarma y ocupa su propiedad durante más de 48 horas, no puede expulsarlo ni aclararlo en términos básicos, por lo que si tiene instalada una alarma y alguien intenta acceder a su propiedad, la policía es alertada al instante y tiene que ir a su propiedad para ver qué está pasando, entonces se considera un allanamiento y se considera al sospechoso.
Si tiene una propiedad y la deja vacía, para asegurarla puede instalar un sistema de seguridad. Comparado con los posibles costes de tener que desalojar a los okupas, el precio que pagas por la alarma es muy pequeño, por no hablar de los daños que suelen causar.

↘ Opiniones de alarma okupas

Los okupas son una grave amenaza para los propietarios en España, conocidos como Okupas en español, en un país en el que las fuerzas del orden parecen estar más del lado de los okupas que de los propietarios, especialmente en las zonas en las que los okupas gozan de un apoyo político de alto nivel.
Por el contrario, hace unos años se estimaba que en el Reino Unido había 20.000 casos de okupas según las últimas estimaciones (Wikipedia), y el Reino Unido es una nación con un parque de viviendas y una población considerablemente mayores. Aunque es difícil llegar a cifras exactas para hacer comparaciones internacionales, es evidente que el peligro para los propietarios en España es mucho mayor que en otros países europeos.
Recientemente, la prensa olívica publicó un artículo de opinión en el que se afirmaba que las autoridades españolas tienen que hacer algo más que una mera okupación ante el auge de los okupas, lo que no hace sino reflejar el grado de descontento que siente la población ante este asunto. Pero aunque el problema de los okupas en España lleva años gestándose, es probable que el nuevo gobierno, una coalición que incluye al partido de izquierda dura Podemos, no consiga mucho.

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Naturalmente, cualquier propiedad desocupada que no esté debidamente protegida será vulnerable a los robos. Evidentemente, estos son extremadamente indeseables y suelen resultar muy costosos. Sin embargo, cuando los robos involucran a ocupantes ilegales que viven en una casa, las cosas pueden ser aún más complicadas.
Un okupa es alguien sin derecho a estar en una propiedad, un intruso, en otras palabras. Los antiguos y ampliamente difundidos «derechos de los okupas» han quedado anulados después de que en 2012 se convirtiera en un delito penal la violación de la propiedad residencial, y ahora es posible que los propietarios de las viviendas y los arrendadores emprendan acciones penales a través de los tribunales para desalojar a los okupas. Aunque no se debe utilizar un enfoque intimidatorio, es apropiado, si se recibe una orden, llamar a la policía para forzar la entrada.
Hay dos formas de eliminar a los okupas de una urbanización. En primer lugar, una Orden de Posesión Provisional (OPI) que expulsa a los okupas, y en segundo lugar, una demanda de posesión que también expulsa a los okupas y exige daños y perjuicios.